Un intruso de una empresa regada por el PSOE-A: «No sé qué es un ERE, me dijeron que era como el paro»

La Audiencia de Sevilla arrancaba este lunes la reanudación del juicio de la pieza separada de la macrocausa de los ERE por las ayudas presuntamente irregulares de 2,3 millones de euros de la Junta socialista de Andalucía a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica.

Durante la sesión en la Sección Tercera, un «intruso» en las prejubilaciones de dicha entidad y concuñado del ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas ha manifestado que este último «jamás» le ayudó a conseguir la ayuda sociolaboral que cobró y que ni conocía la empresa Surcolor ni sabía siquiera «qué es un ERE». «Me dijeron que era como el paro», ha afirmado ante el tribunal. El hombre cobró subvenciones de la Junta socialista pese a que jamás había trabajado en dicha empresa, recibiendo un primer ingreso de 6.380 euros y luego 1.276 euros al mes.

El acusado José Antonio Márquez ha sido el primero de los inculpados de este procedimiento en prestar declaración ante la Audiencia de Sevilla, en un juicio en el que figuran también otro «intruso» prejubilado en el ERE de Surcolor que no pertenecía a la plantilla; el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá; los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas; el presunto testaferro Juan Francisco Algarín; los ex trabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo; un abogado; los responsables de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León y un representante sindical.

Según la Fiscalía, a principios de 2006, los responsables de Surcolor y Surcolor Óptica contactaron con un letrado «para iniciar la tramitación» de un ERE y con el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas «como persona que le pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas».

Para conseguir los fondos públicos, según la Fiscalía, Juan Lanzas contactó con Rivas y con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -condenado en la sentencia principal sobre el procedimiento específico de financiación de los ERE, acusado además en esta causa pero fallecido en octubre de 2020-, facilitando a este último datos de «los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción», tras lo que la consultora Vitalia elaboró dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones. La Junta de Manuel Chaves pagaría 2,3 millones.

A partir de ahí, según el Ministerio Público, Rivas, «con el conocimiento y consentimiento» de Guerrero, «instó» a los ex trabajadores de Vitalia procesados a introducir como beneficiarias a dos personas que «no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas», tras lo que el 28 de junio de 2006, Guerrero, «con el conocimiento y consentimiento» de Fernández y de Barberá, suscribió una carta dirigida a Apra Leven en la que se comprometió a abonar 2,3 millones para las prejubilaciones de 26 ex trabajadores de Surcolor.

Ayudas directas sin justificación

Para el Ministerio público, los encausados «conocían que no se había seguido procedimiento alguno, tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores, además de los costes de las dos personas ajenas a la plantilla, sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa, sin que se dictara resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna».

En ese marco, el acusado José Antonio Márquez ha expuesto que allá por 2006 «llevaba dos años en paro y estaba desesperado» por la falta de ingresos, tras lo cual, tras consultar con uno de sus cuñados, éste le habría manifestado que otro miembro de la familia, a su vez concuñado de este acusado, conocía unas «ayudas» que concedía la Junta de Andalucía. «Me dijeron que era como el paro, como una subvención para mantenerse», ha asegurado.

En ese marco, ha explicado que acudió a una sede institucional de la Junta de Andalucía «en el Cerro del Águila», presumiblemente la sede central de la Consejería de Empleo, localizada en la avenida de Hytasa, junto con José Antonio García Prieto -ex concejal de Camas y ex secretario de Política Municipal del PSOE en ese municipio, ya fallecido- y Juan Manuel López Espada, militante del PSOE y casado con una edil socialista del Ayuntamiento de Camas en aquella época y a quien entonces «no conocía».

Habría sido López Espada, según ha dicho, quien habría realizado las gestiones de su caso dentro de la sede de la Consejería de Empleo, porque él y García Prieto, según ha asegurado, se quedaron «en el coche» esperando. López Espada, según ha insistido, fue quien se hizo cargo de tratar con la Consejería para conseguir su «subvención», desgranando que para ello él aportó la documentación correspondiente a su vida laboral, una fotocopia de su DNI y una carta donde relataba sus «circunstancias».

Primer ingreso de 6.380 euros

El citado acusado ha narrado cómo acudió algunas veces más a la sede de la Consejería de Empleo, asegurando que no conoció nunca al también fallecido Francisco Javier Guerrero y que su concuñado Antonio Rivas, entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo, «jamás» le ha ayudado en cuestión de trabajo o dinero, porque pese a su relación familiar se veían «poco», a él no le «gusta la política» y nunca habría puesto a Rivas «en un compromiso de ninguna clase».

Así, este hombre ha asegurado que a él nadie le «explicó» el mecanismo a través del cual cobró un primer ingreso de 6.380 euros de una tacada en concepto de «atrasos» y después 1.276 euros al mes. «Me pusieron el papel» para que firmase, se ha encogido de hombros, manifestando que ni conocía la empresa Surcolor ni sabe siquiera «qué es un ERE».

Por su parte, el responsable de Surcolor Antonio Manuel Bustamante León se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras el también directivo de la entidad Manuel Rafael Castilla Bustamante sólo ha accedido a responder preguntas del fiscal y de su abogado defensor, exponiendo que fue el también acusado Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT, quien le «explicó» el mecanismo de los ERE, en alusión a que la Junta de Andalucía disponía de «unas ayudas para empresas en crisis».

Lanzas, según este acusado, «se presentó como un miembro del despacho de abogados Villasís, diciendo que tenía experiencia en la gestión» de los ERE en Andalucía y ofrecía el procedimiento «como un paquete» completo, es decir, incluyendo la financiación de la Junta de Andalucía.